Los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires saben muy bien que la seguridad en el tránsito no está determinada por la ‘imprudencia’ de choferes de colectivos o de taxis, sino por un régimen de transporte público que privilegia el beneficio del capitalista y no la seguridad del público ni de sus trabajadores.
Saben que el régimen laboral de choferes y taxistas los agota y los destruye.
Así se lo han explicado sus asesores y así se encuentra establecido en la Comisión de Transporte.
Pero por razones de “política de Estado” decidieron hacer la de Blumberg y aplicar la mano dura a los trabajadores del volante.
Macri no va a debutar mejorando condiciones de trabajo y abandonando la demagogia de la seguridad.
No lo va a hacer tampoco la nueva Presidenta, que quiere inaugurar un pacto social que congele las condiciones de trabajo por todo su mandato.
La ‘razón de Estado’ ha sido invocada para justificar la alianza de macristas y kirchneristas.
Pero si eso los une, es entonces muy poco lo que los separa.
La seguridad en el tránsito depende de la calidad de las condiciones de trabajo de los que atienden esa seguridad.
Para eso es necesario que los trabajadores del volante cumplan jornadas que no excedan las seis horas, sin afectar el salario, y que puedan controlar las condiciones de las unidades que manejan y las condiciones en que lo hacen.
La ofensiva contra choferes y taxistas ha hecho saltar el verdadero problema: el régimen laboral.
No es un problema de la Ciudad, lo es de todo el país.
No ocurre solamente en el transporte, también vale para los fileteros de Mar del Plata, que trabajan en condiciones de insalubridad y en negro.
Vale también para los trabajadores del Casino —un fumadero flotante en la ribera del Plata.
La conquista de las seis horas en el transporte sería una revolución laboral y transformaría la calidad de vida de las grandes ciudades de Argentina.
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